El abogado, presidente de GEP, se ampara también en el derecho comunitario

Los artículos 24 y 117 de la Carta Magna reservan en exclusiva a los jueces el amparo de los derechos fundamentales y la potestad jurisdiccional en los procesos

El abogado barcelonés Pau Miserachs Sala reclama al presidente del Gobierno español la reforma urgente o la derogación de algunos artículos de la reforma procesal aprobada en 2015 por el gobierno Rajoy que otorga a los secretarios judiciales el ejercicio de funciones que corresponden exclusivamente a los jueces como son las providencias y los autos judiciales. Miserachs se refiere, en concreto, a los decretos y recursos de reposición (artículos 141 y 238bis) introducidos por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con mandato socialista y la posterior reforma de 2015 sobre la regulación de la oficina judicial que faculta a los letrados al servicio de la Administración al impulso procesal, el control y la resolución de recursos sin intervención del juez.

Pau Miserachs, que firma el escrito como presidente de la asociación Grup d’Estudis Polítics, ha hecho este llamamiento a través de una carta dirigida el pasado lunes al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y que ha sido enviada igualmente a la mayoría de los grupos parlamentarios del congreso de los Diputados.

En su escrito, el abogado Miserachs pide “la revisión y reforma urgente de las normas procesales anticonstitucionales, limitadoras de los derechos humanos a la tutela efectiva de jueces y tribunales, contrarias al derecho de la Unión Europea, introducidos o permitidos en nuestra legislación con la implantación de la nueva oficina judicial, prohibiendo con urgencia que los secretarios judiciales intervengan en los procedimientos de cualquier clase con resoluciones que puedan afectar estos derechos”.

Esta medida, que se adoptó para reducir la saturación en los juzgados, contravendría, no obstante, los artículos 24 y 117 de la Constitución Española de 1978. El 117 establece que la justicia emana del pueblo y se administra por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley, correspondiéndoles el ejercicio de la potestad jurisdiccional en exclusiva en todos los procesos. En cuanto al artículo 24.1, la carta magna reconoce como derecho fundamental “la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión”.

El presidente del Grup d’Estudis Polítics avala su argumentación en el escrito al presidente Rajoy con sendas sentencias recientes del propio Tribunal Constitucional, así como un auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El TC, en concreto, anuló en sentencia del 17 de  marzo pasado el artículo 102bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que sentaba la ausencia de revisión por juez o tribunal de algunas de las decisiones que tras la implantación de la nueva oficina judicial recaen exclusivamente en los secretarios judiciales, lesiona el derecho fundamental a la tutela jurídica efectiva (artículo 24.1 de la Constitución) y el principio de la exclusividad de la potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE).

En cuanto al tribunal europeo, éste dictó un auto el 17 de marzo pasado que limita la aplicación de una ley nacional frente al concepto de cláusula abusiva definido por una directiva comunitaria, de modo que quedó patente que la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil no se ajustan al derecho comunitario.

Barcelona, 6 de abril de 2016

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carta Miserachs a Rajoy sobre reforma procesal 06042016